La Federación de Obra Pública y Auxiliares de la provincia de Alicante (FOPA) se ha sumado a otras entidades de carácter nacional en la reclamación de una revisión profunda de las exigencias administrativas que imponen las licitaciones públicas para lograr una mayor concurrencia y la igualdad de oportunidades para las empresas, especialmente para ofrecer la participación de las PYMEs con solvencia técnica demostrada.
El presidente de FOPA, Javier Gisbert, considera que el proceso administrativo actual, y las exigencias burocráticas que se exigen a las empresas del sector en los procesos de licitación, reducen la concurrencia competitiva en detrimento del sector, pero también en perjuicio de la administración pública.
Para ello, según Gisbert, es importante renovar el modelo de clasificación de las empresas, paso obligatorio para poder acceder a determinados proyectos de construcción y obra pública. A su juicio, “deberíamos volver al modelo anterior de 2015, donde lo fundamental era qué experiencia y qué proyectos han sido capaces de hacer. Hoy, eso tiene menos peso, y se da más valor a la disposición de medios humanos y materiales de la empresa en el momento de licitar”.
El presidente de FOPA explicó que los recursos humanos y materiales de las empresas de obra pública están en función de la actividad de la empresa y responde a necesidades organizativas, dentro de un sector muy volátil y de actividad discontinúa.
Además, Gisbert, en coincidencia con la Confederación Nacional de la Construcción (CNV), entiende que la experiencia valorable debe incrementarse a los últimos 10 años de actividad de la empresa que aspira a la licitación, y no sólo a los cinco últimos. El presidente de FOPA calificó este criterio de “arbitrario porque limita la capacidad de competir, reduce las posibilidades, especialmente cuando se trata de empresas muy competitivas pero que han sufrido las sucesivas crisis del COVID-19, la crisis de precios y los conflictos bélicos internacionales que les ha podido condicionar en un periodo de tiempo muy concreto”.
A este cúmulo de circunstancias, FOPA entiende necesario fijar alternativas a los certificados, porque en muchas ocasiones lograrlos de autoridades en el extranjero, incluso de ayuntamientos con menores recursos es una gran dificultad, además de la limitación que se impone al número de los que se pueden presentar cuando sí se dispone de ellos.
Para FOPA existe un problema técnico en la administración que conduce a que bastantes pliegos se presenten con errores, fundamentalmente en la clasificación que requieren de las empresas, que a veces es incorrecta. Esto hace que unas empresas no puedan presentarse a la licitación y que, en muchos casos, otras inicien las reclamaciones y recursos que demoran la selección y, por lo tanto, la obra.
Gisbert, como ya ha señalado en otras ocasiones, concluye que hay un peligro de asunción de determinadas obras públicas por parte de las empresas y organismos públicos, donde los medios propios de la administración terminan asumiendo la ejecución de proyectos que se escapa de su competencia e, incluso, de su capacidad técnica.
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