España sigue sin aplicar el Eurocódigo 8, la normativa antisísmica europea moderna y segura, pese a los riesgos potenciales en zonas con sismicidad latente. Falta de implementación que pone en riesgo la seguridad de sus edificaciones.
Tras el terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, con miles de pérdidas humanas y ciudades reducidas a los escombros, hay varias preguntas inevitables, ¿existe la posibilidad de que pase una situación similar en España? ¿Están nuestros edificios construidos de forma adecuada? ¿Está nuestra normativa adecuada a los riesgos potenciales en las zonas con sismicidad latente? La respuesta es, sí es posible una situación similar en España, en las regiones de riesgo sismico los edificios, con excepciones, no están preparados, y aunque Europa sí dispone de una normativa antisísmica moderna y solvente, el problema es que España lleva más de veinte años después de su publicación, sin aplicarla.
El Comité Europeo de Normalización desarrolló, por encargo de la Comisión Europea, un conjunto de diez Eurocódigos estructurales que cubren desde el cálculo de hormigón y acero hasta la geotecnia. El octavo de ellos, el Eurocódigo 8, es precisamente el que regula el proyecto de estructuras resistentes al sismo. No es un borrador ni una propuesta teórica, es un estándar consolidado, aplicado ya como referencia principal en países de sismicidad comparable o incluso menor que la española, como Italia, Grecia o Portugal.
Frente a la norma española NCSE-02, aprobada en 2002, el Eurocódigo 8 introduce un cambio de fondo: no se limita a exigir que la estructura resista la fuerza del sismo por pura rigidez, sino que obliga a que el edificio sea capaz de disipar esa energía deformándose de forma controlada, sin colapsar. Es la diferencia entre diseñar un edificio para no moverse (lo que puede provocar su colapso frágil), y diseñarlo para que se mueva sin causar pérdidas humanas.
Esta cuestión es la menos conocida. Por diseño, los Eurocódigos son normas de carácter voluntario, lo que significa que cada Estado miembro decide cuándo y cómo darles naturaleza legal en su territorio. En España, ese trámite sigue sin completarse. La norma vigente para el cálculo sismorresistente de edificios continúa siendo la NCSE-02, y el Eurocódigo 8 solo se emplea hoy como alternativa técnica voluntaria, no como exigencia legal.
El propio sector lleva años denunciando este retraso. Desde la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil hemos advertido de forma reiterada y pública de lo esencial de implementar estas normas. Este retraso no solo perjudica la seguridad de nuestras infraestructuras, sino también la competitividad de las empresas y la formación de los futuros ingenieros, que estudian un estándar europeo que luego no se aplica de forma sistemática en su propio país, aunque es más segura y garantista que la nacional.
Este retraso administrativo no es un asunto abstracto para el conjunto del país: golpea con más fuerza precisamente donde el riesgo sísmico es más alto. La Cordillera Bética está recorrida por fallas activas como la de Alhama de Murcia, la misma que causó el terremoto de Lorca en 2011, donde se continúa proyectando los edificios, hospitales y colegios bajo un marco normativo de hace más de dos décadas, mientras el estándar más avanzado y seguro para las personas no se aplica obligatoriamente
Un terremoto de magnitud extrema en Murcia o Granada podría estar entre 6,5 y 7 grados en la escala Richter. Pero para que esto importe, basta con que, algún día, se repitan los 5,2 grados del terremoto de Lorca. Ese día, la diferencia entre contar solo daños materiales y contar de nuevo la pérdida de 9 vidas humanas no dependerá de la geología, que no podemos elegir, sino de si alguien tomo la responsabilidad positiva de implementar la norma europea. Y esa es una decisión que sí está en nuestra mano, y que llevamos más de veinte años posponiendo.
España tiene la suerte, y también la responsabilidad, de contar con una norma europea moderna ya redactada y probada en países vecinos. Seguir sin traspasarla al Boletín Oficial del Estado es una imprudencia legislativa que deja en precario la seguridad de cientos de miles de personas.