Los incendios en edificios residenciales de gran altura están en aumento, y la propagación vertical del fuego a través de fachadas ventiladas preocupa a expertos. Un estudio destaca la urgencia de adoptar materiales no combustibles.
Los incendios en edificios residenciales de gran altura han dejado de ser accidentes imprevisibles para convertirse en una consecuencia documentada del uso de materiales combustibles en fachada. En las últimas décadas, este tipo de siniestros se ha multiplicado por siete: 59 casos registrados entre 1990 y 2018, una tendencia que los episodios de la Torre Grenfell en Londres (2017) y del edificio de Campanar en Valencia (2024) han vuelto a poner en primer plano. Estos sucesos son la expresión visible de un problema estructural que la investigación técnica lleva años identificando y que afecta a una parte significativa del parque residencial europeo, incluido el español.
Un reciente estudio del Instituto Valenciano de la Edificación y la Universidad Politécnica de Valencia, que ha revisado más de un centenar de fuentes científicas y casos reales, confirma una tesis que el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio defiende desde su origen. Cuando una fachada incorpora materiales combustibles, el control del incendio se vuelve extraordinariamente difícil.
El fuego pasa del punto de origen a propagarse verticalmente a través de la envolvente del edificio, acelerado en los sistemas de fachada ventilada por el efecto chimenea, comprometiendo de forma simultánea las vías de evacuación y la capacidad de intervención de los servicios de emergencia. En los edificios de gran altura, donde la concentración de ocupantes es elevada y las posibilidades de evacuación son necesariamente limitadas, este escenario puede tener consecuencias irreversibles.
La investigación también revela que los métodos de ensayo disponibles actualmente para evaluar el comportamiento de los materiales de fachada frente al fuego presentan limitaciones relevantes. No existe todavía un método consensuado internacionalmente, y los ensayos a media y gran escala no siempre son representativos de las condiciones reales de un incendio. Esta falta de acuerdo dificulta establecer comparaciones fiables entre sistemas constructivos y refuerza la importancia de actuar sobre la variable más directamente controlable. Es decir, si los materiales utilizados en la construcción y rehabilitación de fachadas son combustibles o no combustibles.
Entre el conjunto de medidas evaluadas en el estudio, que abarca desde el mantenimiento básico de instalaciones hasta la intervención integral en fachada, la sustitución de los sistemas de fachada combustibles por soluciones con clasificación A2-s1, d0 es la que ofrece mayor garantía frente a la propagación exterior del fuego. Estos materiales, prácticamente no combustibles, reducen la emisión de humos y eliminan el riesgo de propagación por caída de partículas o gotas en combustión. Una intervención de este tipo implica una inversión de entre 10.000 y 15.000 euros por vivienda, lo que pone de manifiesto la necesidad de mecanismos de financiación que faciliten su implementación en el parque existente.
Otras medidas de menor alcance, como la incorporación de sistemas de detección y alarma o la compartimentación interior, contribuyen también a mejorar la seguridad, aunque su efectividad frente a la propagación exterior es más limitada. El coste nunca debería ser la excusa. En Grenfell, donde murieron 72 personas, la diferencia entre revestir la fachada con materiales no combustibles y no hacerlo era de apenas 40 libras por vivienda. Nueve años después, España tiene ahora la ocasión de no repetir aquel error.
Asimismo, otro factor que debería tenerse en cuenta a la hora de determinar el nivel de exigencia aplicable a un edificio es la presencia de personas vulnerables, la dificultad de evacuación o la complejidad del sistema constructivo son variables que inciden igualmente en el riesgo real. En fachadas ventiladas o con envolventes exteriores continuas que no alcancen las clasificaciones más exigentes, el estudio considera necesario incorporar barreras cortafuego horizontales en cada planta y alrededor de las aberturas del edificio, una medida técnicamente viable que reduce de forma significativa el riesgo de propagación vertical.
Esta cuestión se cruza con una realidad que ha ganado peso en los últimos años. España lleva tiempo impulsando la renovación de su parque residencial para mejorar la eficiencia energética, un objetivo necesario para avanzar en la descarbonización del sector. Sin embargo, algunos de los sistemas constructivos más extendidos en estas intervenciones incorporan materiales que aumentan el riesgo de propagación del fuego. Que las actuaciones de rehabilitación contemplen también los criterios de seguridad contra incendios y que se recopile información sistemática sobre los incidentes producidos en edificios intervenidos son condiciones necesarias para que este proceso no genere riesgos nuevos sobre el parque edificatorio existente.
En este sentido, desde el OBS valoramos que el borrador de la reforma del Código Técnico de la Edificación incorpore medidas para reforzar la protección frente a la propagación exterior del fuego, algo que reclamamos desde nuestra constitución. Pero podemos ir más allá. Pedimos extender las soluciones no combustibles a todos los edificios de gran altura, a partir de los 18 metros, y también a los inmuebles más sensibles o de mayor riesgo que hasta ahora han quedado fuera, como los centros educativos o los edificios de difícil acceso para los equipos de emergencia.
Resultados como el de la Universidad de Valencia evidencian la necesidad de dar un paso adelante y ser más exigente tanto con la manera en la que construimos y rehabilitamos como con la Administración Pública, que establece las reglas del juego.