Acabamos de celebrar el Congreso Mundial de Arquitectos y Arquitectas de la UIA en Barcelona. Más de 10.000 arquitectos/as de 130 países se han reunido para reflexionar sobre los retos inmediatos a los que nos enfrentamos como sociedad: el cambio climático, la crisis de vivienda, el progresivo envejecimiento de la población o el aumento de las desigualdades. Todos estos retos tienen respuesta desde el ámbito de la arquitectura, y todas ellas comienzan con la transformación de los entornos que habitamos. El futuro inmediato de la profesión pasa, por tanto, por atender estas demandas, protegiendo así la salud y la seguridad de las personas y garantizando el bien común.
Como recoge la Declaración de Barcelona, “el planeta no negocia […] Cada decisión formal deja una huella cuantificable. Cada material deja una huella de carbono. La eficiencia energética de las viviendas incidirá directamente en cómo afectan a la salud y bienestar de las personas el clima extremo. La Historia preguntará qué construimos”. En este sentido, ya existe un marco normativo que muestra cuál es el camino para un futuro sostenible y posible para todas las personas.
La Directiva europea de Eficiencia Energética (EPBD, en sus siglas en inglés)) establece ese marco que permitirá avanzar hacia la descarbonización de la arquitectura y del sector de la edificación, buscando objetivos de eficiencia energética más ambiciosos, que permitan alcanzar la neutralidad climática en 2050, apostando por la calidad arquitectónica para preservar el bienestar de las personas. Esos objetivos deben transponerse ahora a la normativa jurídica estatal, con cambios en el Código Técnico de la Edificación, como la incorporación del indicador de cambio climático en todos los materiales de construcción y la consideración del ciclo de vida completo del edificio desde el proyecto. Porque cada acto de construcción tiene consecuencias más allá del ámbito meramente local.
Asimismo, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla la rehabilitación integral de edificios como uno de sus ejes estratégicos no solo para alcanzar los objetivos de descarbonización que marca la Unión Europea, sino como una solución a la emergencia habitacional que acusa nuestro país, dirigida a movilizar vivienda vacía y a dignificar el parque residencial ya existente.
Las olas de calor que se vienen encadenando en las últimas semanas y sus consecuencias para la salud de las personas; los incendios -algunos con consecuencias fatales- que, un verano más, están calcinando nuestros bosques y montes; las lluvias torrenciales que, cada vez, son más frecuentes… Todo ello nos advierte de que nos encontramos en un punto de no retorno y no podemos vacilar. Necesitamos unidad de acción sobre la base de la preservación del bienestar social.
Por ello, para cumplir con todos estos objetivos, es primordial que exista, por tanto, una coordinación entre todos los niveles de la Administración, desde la administración local, pasando por la regional hasta el Gobierno central, intercambiando información, poniendo en común todas estas tareas, aplicando políticas ejemplarizantes y herramientas como los concursos de arquitectura (tanto públicos como privados) que prioricen siempre los criterios de calidad. A esta coordinación debemos añadir también que hay que apostar por implicar a todos los agentes del sector e incentivar la participación activa de la ciudadanía. Solo de esta forma avanzaremos hacia un futuro más sostenible y saludable desde la calidad del entorno construido.
Artículo escrito por:
Marta Vall-llosera
Presidenta
CSCAE
