El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España firma un protocolo con el Ministerio de Vivienda para promover concursos de arquitectura en la construcción de vivienda pública, garantizando así la calidad arquitectónica.
Sobre la máxima de que la vivienda es un bien de interés general y no un producto de mercado y que, por lo tanto, ha de abordarse desde una perspectiva que integre también el urbanismo y el territorio, el Consejo superior de los Colegios de Arquitectos de España (CCAE) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han firmado un protocolo general de actuación para promover los concursos de arquitectura como “procedimientos prioritarios y preferentes” para canalizar la construcción de vivienda pública.
El acuerdo se produce en un contexto de crisis habitacional, con un déficit acumulado de 750.000 viviendas, según los últimos datos del Banco de España, y tiene el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada que recoge la Constitución Española, en su artículo 47. Por eso, el convenio incluye también el compromiso de ambas partes para colaborar en la agilización de los procedimientos de licitación de vivienda pública y en su asequibilidad con procesos constructivos más eficientes y sostenibles, que contribuyan a una mejor adecuación entre la oferta del mercado y las posibilidades económicas reales de la población.
El convenio marco que han rubricado, en representación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, y la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, reconoce el “papel fundamental” de la arquitectura en la respuesta al desafío de la vivienda “no solo por su capacidad para configurar espacios habitables de calidad, sino también por su contribución a la salud, la inclusión social, la identidad colectiva, la eficiencia de los recursos y la adecuada integración de las edificaciones en su contexto urbano y territorial”. De ahí la idoneidad de los concursos públicos, ya que son procedimientos de concurrencia que promueven la transparencia y finalizan con la decisión colegiada de un jurado especializado, lo que garantiza la selección de las mejores soluciones arquitectónicas en función de criterios de calidad, sostenibilidad e innovación.
Durante la firma del acuerdo, en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, ha valorado: “Este protocolo supone un importante paso para utilizar, en todo lo que dependa del Ministerio, la mejor manera de contratar arquitectura, los concursos, porque son una garantía para los ciudadanos”. En este sentido, también ha resaltado que, a través del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura, se va a trabajar para publicar unos honorarios de referencia que sirvan para contratar con las Administraciones Públicas.
Por su parte, la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, ha defendido: “Cuando un concurso está bien planteado, con bases claras, criterios rigurosos, jurados cualificados y una valoración real de la calidad, permite que las Administraciones obtengan mejores proyectos y, con ello, mejores viviendas, mejores equipamientos y mejores espacios públicos. No se trata solo de construir más, ni de hacerlo más rápido. Se trata de hacerlo mejor”.
Para ello, el protocolo contempla un seguimiento de los concursos durante las licitaciones, pero también durante la prestación de los servicios de arquitectura, de manera que las propuestas se evalúen y seleccionen a través de jurados especializados debidamente conformados; el impulso de criterios objetivos y transparentes, que, de manera no vinculante, puedan servir de orientación para la estimación de los gastos y honorarios asociados a los servicios de arquitectura, como instrumento para garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general, de acuerdo con la Ley, y la adecuación de los proyectos al ámbito territorial y al cultural, preservando la identidad de barrios, ciudades y territorios e incorporando los principios y objetivos de la Agenda Urbana Española.
De acuerdo con todo ello, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana declara su voluntad de 1) impulsar la tramitación de concursos de arquitectura en el marco de su actividad y competencias, como instrumento fundamental para la contratación de proyectos de calidad; 2) formular propuestas de desarrollo normativo para garantizar la calidad de la arquitectura a través de la contratación pública, el empleo preferente y prioritario de la modalidad del concurso y el impulso de criterios objetivos y transparentes, que, de manera no vinculante, puedan servir de orientación para la estimación de los gastos y honorarios asociados a los servicios de arquitectura, y 3) al seguimiento y coordinación de todas las Administraciones Públicas con competencias en arquitectura y edificación, para el fomento de propuestas orientadas a la mejora de la calidad de la arquitectura y su asequibilidad a través de la mejora de los procesos constructivos.
El protocolo tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes antes de su finalización, mediante adenda, por otro período de hasta cuatro años.
“Que haya unos costes de servicios profesionales adecuados es esencial porque sin ellos es imposible que los arquitectos podamos hacer el trabajo con la calidad que demanda la sociedad en estos momentos”. De esta forma, ha sintetizado la presidenta del CSCAE la situación en la que se encuentra la profesión en España. Lo ha hecho horas antes de la firma del protocolo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el CSCAE en una sesión, dentro del Congreso Mundial de Arquitectos/as UIA 2026 Barcelona, titulada “El desafío de los honorarios de arquitectos en Europa”. Moderada por la arquitecta Matxalen Acasuso, en ella han participado el presidente de la Orden de los Arquitectos de Portugal, Avelino Oliveira; la vicepresidenta por la Region I de la UIA, Teresa Táboas, y la secretaria general del CSCAE, María José Peñalver Sánchez.
En un contexto marcado por la creciente internacionalización de los servicios profesionales, la evolución de los sistemas de contratación, la presión sobre los honorarios y la necesidad de responder a retos como la sostenibilidad, la vivienda, la regeneración urbana o la protección del patrimonio, la jornada ha reflexionado sobre las consecuencias, en los últimos 30 años, de la liberalización de los costes asociados a los servicios de arquitectura derivada de la entrada en la Comunidad Económica Europea y de la precariedad en la que trabajan los/as arquitectos/as.
En la sesión, se ha hecho hincapié en que “la arquitectura no es únicamente una prestación profesional. Es también cultura, paisaje, memoria, identidad y servicio al interés general. Los edificios y los espacios que proyectamos condicionan durante décadas la vida de las personas, la forma de nuestras ciudades y el patrimonio que legaremos a las generaciones futuras. Por eso, ha subrayado Vall-llossera: “Resulta legítimo preguntarse si puede evaluarse exclusivamente con criterios de mercado y, más concretamente, si puede seguir evaluándose, en demasiadas ocasiones, casi solo a partir del precio”.
Todos los/as expertos/as de la sesión han defendido que, con unos costes de servicios profesionales “mínimos y justos”, se competiría por la calidad y han coincidido en que la unidad en el contexto europeo es fundamental para cambiar el rumbo actual, que “está perjudicando al 80 por ciento de los estudios europeos, que están formados por entre 2 y 5 personas”, ha apuntado Oliveira. “El protocolo de hoy es un salto adelante, pero tenemos que ir más allá y unirnos a nivel europeo para buscar los mecanismos y defender nuestra profesión en Bruselas”, ha reivindicado Táboas.
También en el marco del Congreso Mundial de Arquitectos/as UIA 2026 Barcelona, la jornada se ha completado con la performance-conversación "Arquitectes en crisi: arquitectura ferida", una iniciativa impulsada por profesionales catalanes para abrir un espacio de reflexión sobre la situación actual de la profesión en el marco del Congreso Mundial de Arquitectos. A través de un formato participativo, sin ponentes ni estructura convencional, y con la proyección de testimonios audiovisuales de arquitectos de todo el territorio, el acto han visibilizado la precarización laboral, la excesiva burocracia, la pérdida de reconocimiento del trabajo arquitectónico y el impacto de estas problemáticas en la calidad de la arquitectura.
La sesión ha concluido con la lectura del manifiesto “Arquitectes en crisi: arquitectura ferida”, que reivindica la arquitectura como un bien de interés público y reclama un cambio de paradigma para situar la calidad arquitectónica en el centro de las políticas públicas. El texto también defiende la necesidad de priorizar el talento y la innovación en los concursos públicos, reducir la burocracia y garantizar unas condiciones dignas para el ejercicio de la profesión.