FUNDALIB pide menos trabas al mercado y más oferta frente el nuevo Plan Estatal de Vivienda

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La Fundación para el Avance de la Libertad ha analizado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado mediante el Real Decreto 326/2026 y presentado como el primer plan estatal dictado al amparo de la Ley 12/2023, que asume la vivienda como “quinto pilar del Estado del Bienestar”.

Fundalib considera que el Plan acierta al identificar algunos de los principales problemas del mercado residencial en España: oferta insuficiente, parque envejecido, aumento de costes, escasez de mano de obra cualificada y falta de suelo finalista. El propio texto reconoce un déficit superior a las 400.000 viviendas. Para la Fundación, este diagnóstico confirma la necesidad de aumentar de forma urgente la oferta residencial.

Sin embargo, Fundalib advierte que el Plan no extrae todas las consecuencias de ese diagnóstico. En lugar de eliminar las barreras que dificultan construir, rehabilitar y alquilar vivienda con mayor agilidad, refuerza un modelo basado en la intervención pública, las subvenciones, los precios limitados y los requisitos administrativos.

El diseño financiero prevé que el 60 % de los recursos proceda del Ministerio de Vivienda y el 40 % de las comunidades autónomas. Los fondos se reparten entre tres grandes objetivos: incremento de la oferta de vivienda social y asequible, rehabilitación y regeneración, y ayudas al acceso, especialmente para jóvenes. No obstante, Fundalib señala que el aumento de oferta queda condicionado en gran medida a vivienda protegida, precios limitados y largos periodos de intervención administrativa.

Como señala Bosco Aspe, Chief Economist de Fundalib, “el Plan reconoce que falta vivienda, pero responde con más tutela administrativa. Se diagnostica escasez, pero se propone gestionarla desde el sector público en lugar de liberar la capacidad de crear nueva oferta”.

 

Medidas previstas en el Plan

Entre las medidas previstas figura la adquisición de viviendas para destinarlas al parque público o social, con obligaciones de uso de hasta 50 años o incluso protección permanente. Para Fundalib, esta política puede aumentar el parque gestionado por las administraciones, pero no necesariamente el número total de viviendas disponibles, ya que en muchos casos implica trasladar viviendas del mercado privado al público.

La Fundación también valora positivamente la apuesta por la industrialización de la construcción, pero recuerda que construir más rápido exige suelo disponible, licencias ágiles, seguridad jurídica y reglas estables. En este sentido, considera que el Plan aborda de forma insuficiente uno de los principales cuellos de botella del mercado: el desarrollo de suelo. Las ayudas se vinculan casi exclusivamente a vivienda protegida, sin plantear una liberalización general del suelo ni una reforma profunda del urbanismo.

En materia de rehabilitación y movilización de vivienda vacía, Fundalib advierte que muchas viviendas no permanecen fuera del mercado por falta de subvenciones, sino por la inseguridad jurídica, el riesgo de impago, la ocupación, la carga fiscal y la incertidumbre regulatoria.

Asimismo, las ayudas al alquiler, especialmente dirigidas a jóvenes, pueden aliviar situaciones concretas, pero en mercados con oferta rígida corren el riesgo de trasladarse a precios más altos si no van acompañadas de un aumento real de vivienda disponible.

 

Liberalizar suelo, agilizar licencias, reducir la fiscalidad, reforzar la seguridad jurídica y crear un marco estable

Para Fundalib, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 reconoce el problema central - la falta de vivienda - , pero mantiene una respuesta basada en más gasto, más control y más tutela administrativa. La Fundación defiende una alternativa centrada en liberalizar suelo, agilizar licencias, reducir la fiscalidad, reforzar la seguridad jurídica y crear un marco estable que permita a ciudadanos, empresas e inversores aumentar la oferta residencial.

A juicio de la entidad, sin ese cambio de enfoque, el Plan corre el riesgo de movilizar una cantidad significativa de recursos públicos sin corregir las causas profundas del problema. España no necesita sólo más gasto en vivienda: necesita un mercado residencial capaz de producir abundancia, competencia y oportunidades reales de acceso para los hogares.