La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil considera que el incremento de la inversión en conservación y seguridad avala las reivindicaciones que vienen realizando desde hace años sobre la necesidad de reforzar el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas.
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCP) ha celebrado la jornada-debate “¿La gestión de la seguridad de presas atiende las demandas de la sociedad?”, enmarcada en el ciclo "Caminos en el Debate", un foro que en los últimos años se ha consolidado como un espacio de reflexión sobre el estado de las infraestructuras públicas y los desafíos que afrontan. En esta ocasión, el encuentro ha puesto el foco de nuevo en las presas, infraestructuras estratégicas para el abastecimiento de agua, la producción de energía y la protección frente a fenómenos extremos, cuya adecuada gestión resulta fundamental para garantizar la seguridad de la población.
Durante la jornada, los expertos coincidieron en que la seguridad de las presas ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública e institucional. Para la Asociación, este cambio responde, en parte, a las reiteradas denuncias realizadas por los profesionales del sector y a la repercusión que estas han tenido en los medios de comunicación y en el debate público, pero lo relevante ahora es que las inversiones anunciadas se ejecuten de forma efectiva y suficiente para garantizar el adecuado mantenimiento de unas infraestructuras esenciales para la seguridad ciudadana.
En las jornadas informativas que la Asociación ha ido organizando sobre seguridad de presas se ha puesto de manifiesto la situación de un importante número de grandes presas de titularidad estatal, las carencias existentes en materia de seguridad y estructural, el desconocimiento sobre el estado de más de 1.600 presas concesionadas y la situación de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse miles de ciudadanos que residen en zonas potencialmente afectadas por un eventual colapso.
La Asociación recordó que, según la memoria del MITECO correspondiente a 2023, la inversión destinada al mantenimiento de presas apenas alcanzó los 16 millones de euros, una cifra que los ingenieros consideraban claramente insuficiente para garantizar la adecuada conservación de unas infraestructuras estratégicas. Frente a esa situación, las nuevas Líneas de Actuación para la Mejora de la Seguridad de Presas y Embalses 2023-2033 contemplan una inversión media anual cercana a 464 millones de euros, lo que, a juicio de la Asociación, supone el reconocimiento, con hechos, de que el mantenimiento de las presas requería un esfuerzo inversor muy superior al realizado hasta ahora.
Ese cambio de orientación ya comienza a materializarse
Desde octubre de 2025 se han licitado contratos de mantenimiento y conservación en las Confederaciones Hidrográficas del Duero, Segura, Tajo, Guadiana y Guadalquivir; actuaciones de rehabilitación en diversas presas; contratos para la implantación de planes de emergencia y la mejora de los sistemas de auscultación; así como un contrato de 23,7 millones de euros destinado al análisis de la seguridad de presas concesionadas y balsas. Además, la Asociación destacó la previsión de un programa extraordinario de actuaciones urgentes en varias presas de especial riesgo con una dotación cercana a los 500 millones de euros.
Los participantes coincidieron en que estas actuaciones constituyen un cambio significativo respecto a la política seguida durante los últimos años, aunque advirtieron de que será necesario mantener el esfuerzo inversor y garantizar que los recursos lleguen de forma efectiva al mantenimiento, conservación y explotación de las infraestructuras hidráulicas.
"La planificación de estas inversiones supone un paso en la buena dirección. Ojalá puedan ejecutarse en su totalidad, no porque ello avale las reivindicaciones que la Asociación ha venido realizando durante años, sino porque reforzar la conservación y la seguridad de las presas es una cuestión de interés público y de protección de la ciudadanía", afirma Jesús Contreras, Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
También se abordó la situación de los profesionales responsables de la explotación de las presas, que reclamaron mayores medios técnicos y humanos para desempeñar un trabajo esencial para la seguridad de la ciudadanía. El informe presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) durante la jornada, pone de relieve la situación del personal público encargado de la explotación de las presas españolas. El documento advierte de que estos profesionales desempeñan funciones esenciales para la seguridad de las infraestructuras, incluyendo la vigilancia permanente, el control de los sistemas de auscultación, la gestión de maniobras de desembalse y la activación de los planes de emergencia, asumiendo responsabilidades críticas con plantillas cada vez más ajustadas. En este contexto, el sindicato reclama reforzar los recursos humanos y técnicos, reconocer la figura del personal de explotación y garantizar una supervisión adecuada para mantener los niveles de seguridad exigidos por la normativa vigente.
Asimismo, se analizó la responsabilidad jurídica derivada de la gestión de estas infraestructuras a raíz de la DANA de Valencia y la necesidad de que las investigaciones sobre este tipo de episodios cuenten con el conocimiento técnico especializado de ingenieros expertos en seguridad de presas.
“En el Informe Anual de 2023 de la presa de Forata, que fue creado en enero 2025, ya ocurrida la DANA, reconoce que los desagües de fondo no se encontraban operativos. Hemos interpuesto una denuncia penal contra la Confederación Hidrográfica del Júcar ya que, Forata sigue a día de hoy con el desagüe de fondo exactamente igual” declara Clara Isabel Colomer Carrillo, Abogada colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, especialista en derecho penal, que ejerce la acusación particular de varias familias de afectados por la DANA en octubre 2024 en Valencia.
Los participantes coincidieron en que estas actuaciones constituyen un cambio significativo respecto a la política seguida durante los últimos años, aunque advirtieron de que será necesario mantener el esfuerzo inversor y garantizar que los recursos lleguen de forma efectiva al mantenimiento, conservación y explotación de las infraestructuras hidráulicas.
La Asociación defendió igualmente la conveniencia de reforzar los mecanismos de supervisión técnica mediante un órgano inspector independiente que permita evaluar el estado de conservación de estas infraestructuras y garantizar el cumplimiento de los criterios de seguridad.
Como conclusión, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil considera que la seguridad de las presas ha dejado de ser una cuestión exclusivamente técnica para convertirse en una prioridad de interés general. Los ingenieros valoran que la Administración haya comenzado a incrementar las inversiones destinadas a su conservación, pero insisten en que este cambio debe consolidarse con una estrategia estable, una adecuada planificación y el reconocimiento del papel que desempeñan los profesionales encargados de proteger unas infraestructuras críticas para el país.