El crimen en la construcción se sofistica, pasando de incidentes a operaciones coordinadas que afectan proyectos estratégicos en España, generando retrasos, sobrecostes y presión sobre la rentabilidad. La seguridad tradicional se muestra insuficiente.
El sector de la construcción en España cierra 2025 con una constatación clara: la seguridad en obra ha dejado de ser una cuestión operativa para convertirse en un factor estratégico que condiciona plazos, costes y la viabilidad de los proyectos.
No se trata únicamente de un aumento de robos o vandalismo, sino de un cambio estructural en el tipo de riesgo al que se enfrentan las obras en todo el país.
El balance de actividad de BauWatch España, apoyado en su operativa nacional y en los datos del Informe del Crimen en la Construcción 2025, muestra que el delito en obra ha evolucionado hacia modelos mucho más organizados, planificados y tecnológicamente sofisticados, alineados con dinámicas criminales que ya no responden al oportunismo tradicional.
De incidentes puntuales a riesgo estructural
Durante 2025, los robos y daños en obra han pasado a formar parte de operaciones coordinadas, en muchos casos vinculadas a redes criminales que emplean herramientas como drones para reconocimiento, bloqueos de señal GPS, hacking de sistemas de seguridad o suplantaciones digitales basadas en inteligencia artificial.
Esta evolución ha elevado el impacto de los incidentes, tanto en su frecuencia como en sus consecuencias económicas y
operativas.
Lejos de ser un problema aislado, este escenario está afectando de forma directa a proyectos estratégicos para la economía española, especialmente en ámbitos como la transición energética, las infraestructuras, la logística o el desarrollo industrial.
Energía, logística e infraestructuras, bajo mayor presión
Desde un punto de vista operativo, 2025 ha concentrado un mayor nivel de riesgo en proyectos de energías renovables, grandes infraestructuras, desarrollos logísticos e industriales y obra pública, así como en grandes promociones residenciales.
Los parques solares y las obras situadas en zonas de baja densidad urbana han sido especialmente vulnerables, debido a la dificultad de mantener una vigilancia permanente con modelos tradicionales.
En términos geográficos, la experiencia en España señala una mayor exposición en zonas industriales y logísticas periurbanas, en áreas rurales del centro y sur peninsular donde se desarrollan grandes proyectos energéticos y en las coronas metropolitanas de ciudades como Madrid y Barcelona, donde confluyen accesos abiertos, grandes volúmenes de material y menor control continuo.
Impacto directo en plazos y costes
El cierre de 2025 confirma que el impacto del crimen en la construcción va más allá de la pérdida puntual de materiales. Más de un tercio de los proyectos afectados por robos o vandalismo ha sufrido retrasos de entre una y cuatro semanas, con consecuencias directas en los calendarios de ejecución.
A ello se suman sobrecostes por reposición de maquinaria y materiales, penalizaciones contractuales y una presión creciente sobre la rentabilidad de los proyectos. A escala europea, las pérdidas asociadas al crimen en la construcción superan ya los 1.500 millones de euros anuales, una cifra que refleja la dimensión de un problema estructural.
Un sector de la seguridad en plena transformación
Este contexto ha puesto también en evidencia las limitaciones del modelo tradicional de vigilancia, en un momento en el que el sector de la seguridad privada en España afronta retos como la escasez de personal cualificado, el incremento de costes operativos y un marco regulatorio que avanza más lento que el delito tecnológico.
Cada vez resulta más evidente que la seguridad basada exclusivamente en presencia física o en medidas pasivas no responde al nuevo perfil de riesgo. El sector avanza hacia modelos preventivos, remotos y apoyados en tecnología, capaces de detectar amenazas de forma temprana y reducir los tiempos de intervención.
Mirada a 2026: infraestructuras críticas y materiales estratégicos
De cara a 2026, las previsiones apuntan a una presión sostenida sobre materiales críticos como el cobre, el cableado eléctrico y las baterías, así como sobre infraestructuras energéticas y grandes desarrollos logísticos e industriales. La concentración de valor económico y tecnológico en estos activos los sitúa en el centro del riesgo.
En este nuevo escenario, el sector de la construcción afronta un cambio de mentalidad: integrar la seguridad desde la fase de planificación de los proyectos será clave para reducir riesgos, proteger a las personas, evitar sobrecostes y garantizar la sostenibilidad económica de las obras en el ciclo que se abre en 2026